sábado, 13 de abril de 2013

Crisis, corrupción, bancos y PPSOE

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Desde que en 2008 estalló la crisis financiera el Banco de España ha rescatado a tres cajas de ahorros y dos bancos:
  • Caja Castilla-La Mancha
  • Cajasur
  • Caja de Ahorros del Mediterráneo
  • Banco de Valencia 
  • Bankia

Previamente, el Gobierno de España ya les había avalado un crédito de 100.000 millones de euros. Así mismo, mediante una operación sufragada por el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), el Gobierno nacionalizó tres entidades bancarias:
  • Caixa Catalunya
  • Novacaixagalicia
  • Unnim

El sábado 9 de junio de 2012
Luis de Guindos, el ministro de Economía del Gobierno de España, anuncia que España ha solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizará para sanear el sistema financiero español a través del FROB. 

A pesar de que el último garante del dinero concedido a España es el Estado y no los bancos (porque la normativa de los fondos europeos de rescate no se ha cambiado, como se apresuró a recordar el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble: "España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo"), el ministro se negó a llamarlo rescate:

"Es un préstamo en condiciones muy favorables, mejores que las del mercado".
















En 2009 aparecen en el mercado bancario las participaciones preferentes emitidas sobre todo por las Cajas de Ahorros. El desconocimiento de los inversores sobre las condiciones de su contratación asi como la imposibilidad de rescate del dinero invertido ha llevado a algunos observadores económicos a considerar esta práctica una verdadera estafa encubierta perpetrada por las entidades financieras, dando lugar a numerosas protestas ante la falta de protección legal de los ciudadanos.


















La realidad que aún se intenta ocultar es que la operación (de las preferentes) se tramó para que con esos 30.000 millones de euros (que captaron con las preferentes) las cajas evitaran un saneamiento con fondos públicos, como el que se estaba llevando a cabo en otros países europeos en los años de la venta masiva de preferentes, 2008 y sobre todo 2009.

No fue un descuido. Fue una operación cuidadosamente planificada para que los dos grandes partidos -fundamentalmente, aunque casi ninguno se salva- no corrieran con el desgaste político de admitir que las cajas gestionadas por ellos estaban arruinadas. Para ocultar el saqueo y seguir tirando. Seguir tirando ellos, mientras los estafados vagan por las calles, de manifestación en manifestación, de juzgado en juzgado, para recuperar sus ahorros. 













La operación parecía redonda. Como ambos, el PP y el PSOE, controlan los consejos de administración de casi todas las cajas, sólo había que poner los artefactos financieros a la venta. Mientras tanto, se trataba de que el Banco de España no revelara el calamitoso estado de los balances y que la CNMV mirara para otro lado. Ni se consiguen 30.000 millones por despiste, ni es casual que España sea el único país donde se han vendido preferentes a pequeños ahorradores. Las autoridades lo consintieron porque eran ellas mismas quienes las vendían. El lucro como fin y el engaño como medio.

Las preferentes representan la absoluta falta de escrúpulos del establishment y la crueldad que este es capaz de desplegar para salvarse. Andémonos con cuidado, porque cuanto más se complique su supervivencia, más aumentará su desesperación. Ayer se aprobó en el Congreso el decreto que consuma la estafa a cientos de miles de personas y la impunidad para quienes la perpetraron. La semana próxima UPyD presentará en la Audiencia Nacional una querella criminal contra todos ellos, en busca de resarcimiento para los estafados y la depuración de la responsabilidad de cada cual. Quizá no dejen de encubrirse mutuamente hasta que un juez los haga parar. Quién sabe. La estafa de las preferentes demuestra que son capaces de todo.


Del artículo de Irene Lozano Preferentes, la gran estafa



































11/04/2013 Intervención de Irene Lozano en el Pleno del Congreso sobre el Real Decreto Ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

 

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