¿Chaves y Griñán? ¿Los ciudadanos? ¿Quién está indefenso?

Griñán, Chaves, Guerrero y una ciudadana indignada con la corrupción

10/09/2013 La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa en el caso de los ERE fraudulentos a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los expresidentes de la Junta de Andalucía, así como a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

El caso de los ERE fraudulentos es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía cuyo origen está en la investigación del caso de Mercasevilla, empresa en la que se detectaron prejubilaciones fraudulentas. La investigación desarrollada por la juez Alaya con la colaboración de la Guardia Civil ha demostrado que existían graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE puesto que, a cuenta de los fondos destinados a los parados andaluces, se concedieron al menos 136 millones de euros a:

• Prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. (12,3 millones de euros).
• Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. (73,8 millones de euros).
• Comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones de euros).

Otras informaciones señalan de que si se tiene en cuenta que todas las ayudas concedidas de la partida 31-L son ilegales al tramitarse sin el procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones, se puede hablar de más de mil millones de euros de fraude (1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas).

Manuel Chaves fue Ministro de Trabajo y Seguridad Social de España entre 1986 y 1990, durante el Gobierno de Felipe González. Ese mismo año fue nombrado Presidente de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó hasta el 2009, año en el que fue nombrado vicepresidente del Gobierno de España y Ministro de Política Territorial por José Luis Rodríguez Zapatero. Fue Presidente del PSOE desde el año 2000 hasta el 2012. Actualmente es diputado del PSOE por la provincia de Cádiz con lo que, al ser aforado (como todos los diputados) consigue esquivar la acción directa de la Justicia en su imputación en el caso de los ERE fraudulentos ya que solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo cuyo presidente es Gonzalo Moliner.

José Antonio Griñán fue Presidente de la Junta de Andalucía desde el año 2009 en sustitución de Manuel Chaves. El 27 de agosto presentó su dimisión y el 12 de septiembre fue nombrado senador del PSOE en la Cámara Alta con los votos de 55 de los 104 parlamentarios andaluces. Con este nombramiento consigue esquivar la acción directa de la Justicia tras su imputación en el caso de los ERE fraudulentos ya que, al ser aforado (como todos los senadores) solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo cuyo presidente es Gonzalo Moliner.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo Griñán y Moliner comieron juntos en el palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. 

11/09/2013 Manuel Chaves declara a la Cadena Ser lo siguiente:

"¿Qué objetivo persigue el auto que nos coloca en una situación de indefensión pública, de sospechosos ante la opinión pública sin estar imputados y sin existir ningún indicio?"

12/09/2013 José Antonio Griñán, durante una rueda de prensa en la sede del Parlamento andaluz antes de que dicho parlamento aprobara su nombramiento como senador, declara lo siguiente:

"Lamento que el auto de la jueza Alaya me deja en una situación de total indefensión."

Moliner, Gallardón y Torres Dulce

12/09/2013 La Fiscalía Anticorrupción recurre el auto de la juez Alaya que abría la puerta a la imputación de los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de otros cinco exconsejeros de la Junta, al no ajustarse a derecho, no estar bien motivado y generar "indefensión".

12/09/2013 Eduardo Torres Dulce, el Fiscal General del Estado, justifica el recurso de la fiscalía y declara lo siguiente:

"Se trata de que las garantías procesales queden suficientemente motivadas".

Hay que recordar que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo el artículo en el que se basa la juez Alaya, el 118 bis, fue votada en 2002 por el PSOE (incluído el propio Griñán) y aprobada en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, hay que recordar que el pasado mes de junio la juez Alaya imputó en el caso Mercasevilla a dos hermanos de la ministra Fátima Bañez. 

Unos días despues el PP, el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV rechazaron en el Congreso de los diputados que la condición de aforado de diputados, senadores y otros cargos públicos sea un privilegio. Lógicamente, también rechazaron unánimemente la propuesta "demagógica y populista" de UPyD.