Necesitamos un Jefe de Estado ejemplar. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, el anterior Jefe de Estado, también lo señaló, implícitamente, en su mensaje de navidad de 2011, cinco días antes de la imputación de su yerno Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, cuando dijo:
"Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. (...)
Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos."
Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos."
Dos años más tarde, en abril de 2013, su hija Cristina también fue imputada por el juez del caso Nóos. En el auto se establece lo siguiente:
"Si bien no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos sí que existen suficientes de que prestaba su consentimiento a que su parentesco con S.M. El Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres Pérez (...) a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos."
Sorprendentemente, en entrevista mantenida en Antena 3 TV nueve meses después, en enero de 2014, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de España, declaró estar "absolutamente convencido de que a la Infanta 'las cosas' le irán bien".
"Si bien no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos sí que existen suficientes de que prestaba su consentimiento a que su parentesco con S.M. El Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres Pérez (...) a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos."
Sorprendentemente, en entrevista mantenida en Antena 3 TV nueve meses después, en enero de 2014, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de España, declaró estar "absolutamente convencido de que a la Infanta 'las cosas' le irán bien".
En relación a esas declaraciones de Rajoy, cabe destacar que pese a que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social, el fiscal del caso Nóos realizó una defensa a ultranza de la Infanta según reconoció su propio abogado.
Hay que recordar, al hilo de lo anterior, que el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Y no hay que olvidar que el Fiscal General del Estado, que ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal, es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Pues bien, un mes después de esas sorprendentes declaraciones de Rajoy, en febrero de 2014, durante la instrucción del caso, Cristina de Borbón, que estudió Ciencias Políticas, con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, prácticas en la sede de la UNESCO en París, y que dirigió el área social de la Fundación La Caixa, respondió 579 veces "No me acuerdo", "No lo sé" o "No me consta" y mantuvo con el juez la conversación siguiente:
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos jurídicos?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos tributarios?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Sabe usted lo que es el programa PADRE?
- Cristina: Me suena, pero no.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos económicos?
- Cristina: No, muy básicos, pero no.
Cuatro meses más tarde, en junio de 2014, se produjo la abdicación de Juan Carlos de Borbón y la proclamación como Jefe del Estado de su hijo Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Del discurso de proclamación en el Congreso de los diputados ante los representantes de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, cabe destacar lo siguiente:
"A lo largo de mi vida como Príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente, como irrenunciable ha sido -y es- mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos ellos les debo mucho y se lo agradezco ahora y siempre. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la Reina y yo educamos a nuestras hijas, la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía.
Señoras y Señores Diputados y Senadores,
Hoy puedo afirmar ante estas Cámaras -y lo celebro- que comienza el reinado de un Rey constitucional.
Un Rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de 35 años.
Un Rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.
Un Rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación -a quien corresponde la dirección de la política nacional- y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial.
No tengan dudas, Señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar; y de que, en el desempeño de mis responsabilidades, encontrarán en mí a un Jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar; y también a defender siempre los intereses generales.
Y permítanme añadir, que a la celebración de este acto de tanta trascendencia histórica, pero también de normalidad constitucional, se une mi convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España."
Cinco meses después de la proclamación de Felipe de Borbón como Jefe del Estado, en noviembre de 2014, se celebró la consulta independentista del 9N pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, el cual suspendió las actuaciones previstas así como los actos de preparación (cartas a los alcaldes reclamando locales, web de la Generalitat, campaña institucional).
Como dicha consulta ilegal se llevó a cabo siendo Artur Mas el presidente de la Generalidad de Cataluña la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra él por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
A pesar de todo, al mes siguiente, en diciembre de 2014, el Jefe del Estado se encontró con Mas en la fábrica de Seat en Martorell, encuentro al que corresponde la fotografía anterior.
19 días después del reencuentro en Martorell, el 24 de diciembre de 2014, los españoles asistieron al primer discurso de Navidad de Felipe de Borbón como Jefe del Estado. Fue un discurso histórico también por la lejanía de la bandera de España y porque no mencionó ni las víctimas del terrorismo ni el 9N. Por esas omisiones adquieren mayor significado aún estas palabras:
"Los desencuentros no se resuelven con rupturas emocionales o sentimentales. Hagamos todos un esfuerzo leal y sincero, y reencontrémonos en lo que nunca deberíamos perder: los afectos mutuos y los sentimientos que compartimos. Respetemos la Constitución que es la garantía de una convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad. Y sigamos construyendo todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad y genere ilusión y confianza en el futuro."
Además, el discurso fue histórico porque se emitió tres días después de hacerse pública la imputación de su hermana Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales y porque un mes antes fue exculpada de delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales al no ser acusada por la Fiscalía ni por la Agencia Tributaria.
Como Felipe de Borbón conoció la noticia de la imputación de su hermana antes de grabar su discurso navideño, se puede decir que la credibilidad del mensaje contra la corrupción que incluyó en el mismo es directamente proporcional al compromiso del comentario más explícito que realizó sobre dicha imputación. O sea, este:
“Es cierto que los responsables de esas conductas irregulares están respondiendo de ellas; eso es una prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho”.
A pesar de ello, si nos guiamos por las portadas de prensa y las reacciones políticas resultó ser un discurso muy considerado por casi todos.
Pero la verdadera prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho llegó el pasado día 17 de febrero de 2017, más de dos años después de la proclamación de Felipe de Borbón como Jefe de Estado, cuando se dio a conocer la sentencia del caso Nóos que establece que su hermana Cristina no cometió ningún delito, aunque se benefició económicamente de los de su marido que es condenado a seis años y tres meses de cárcel.
Se da la coincidencia de que ese mismo día 17 Artur Mas, en una conferencia titulada Cataluña en la Unión Europea del siglo XXI, pronunciada ante estudiantes del máster Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, manifestó que el Estado ("No digo el Gobierno, sino el Estado") puede hacer "una propuesta para acomodar a Cataluña en España".
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| Forcadell, Puigdemont, Felipe de Borbón, Sáez de Santamaría y Junqueras |
Se da la coincidencia de que ese mismo día 17 Artur Mas, en una conferencia titulada Cataluña en la Unión Europea del siglo XXI, pronunciada ante estudiantes del máster Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, manifestó que el Estado ("No digo el Gobierno, sino el Estado") puede hacer "una propuesta para acomodar a Cataluña en España".
Dicha conferencia se celebró siete días después de que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalidad de Cataluña, convocara una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat una vez finalizado el juicio del 9N en la que afirmó, por supuesto, con el respaldo de Mas, lo siguiente:
"Es momento de dialogar a través de la política y no de fiscales y tribunales."
Y para finalizar esta cronología de hechos, cabe destacar que el pasado domingo 26 de febrero de 2017, nueve días después de que Mas hablara en Madrid, en castellano, de "una propuesta del Estado para acomodar Cataluña en España", en Barcelona, durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC), las únicas palabras pronunciadas en catalán por Felipe de Borbón en el discurso de la cena oficial del MWC fueron las siguientes:
"Es momento de dialogar a través de la política y no de fiscales y tribunales."
Y para finalizar esta cronología de hechos, cabe destacar que el pasado domingo 26 de febrero de 2017, nueve días después de que Mas hablara en Madrid, en castellano, de "una propuesta del Estado para acomodar Cataluña en España", en Barcelona, durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC), las únicas palabras pronunciadas en catalán por Felipe de Borbón en el discurso de la cena oficial del MWC fueron las siguientes:
"Aquesta nova edició del Congrés −i també del fòrum "For Years From Now"− són fruit d'una intensa tasca de cooperació i coordinació entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i la GSMA.
La col·laboració en aquest àmbit, que és un veritable exponent de la revolució que vivim, constitueix una exigència ineludible.
Igualment, aquesta col·laboració lleial i generosa és la que millor facilita i impulsa el creixement econòmic, un major coneixement i interconnexió entre les persones, i el progrés i el benestar general de la societat. Per últim, el recolzament de tots fa possible que aquesta cita de referència mundial aporti prestigi, reputació i reconeixement a Barcelona, Catalunya i al conjunt d'Espanya."
Desconozco hasta qué punto Felipe de Borbón habrá dado respuesta, durante esta última visita a Cataluña, a la velada solicitud de Mas de "una propuesta del Estado para acomodar a Cataluña en España". Pero lo cierto es que, al día siguiente de la cena inaugural del MWC Puigdemont instó al Gobierno de España a tomar nota del mensaje del Jefe de Estado.
Lamentablemente, lo que también es cierto es que mientras en Barcelona el Jefe de Estado y la Vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales del Gobierno de España mostraban complicidad con líderes independentistas catalanes que desafían al Estado como el Presidente de la Generalidad, el Vicepresidente y la Presidenta del Parlament, en Madrid, Dolores Agenjo, la única directora de un centro de enseñanza de Cataluña que se negó a entregar las llaves de su centro para que se celebrara la consulta ilegal del 9N, mostró de nuevo su 'soledad institucional' en el auditorio de Mutua Madrileña y en el marco del ciclo de conferencias organizadas por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad, presididas respectivamente por Iñigo Gómez-Pineda y Jaime Mayor Oreja, en la mesa redonda titulada "El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España" junto a Mariano Gomá, presidente de la Sociedad Civil Catalana; Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya; Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite; Jorge Campos, presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, y José Antonio Ortega Lara.
Me pregunto cuando fue la última vez que el Jefe de Estado se reunió en Cataluña con ciudadanos u organizaciones cívicas defensoras de la Constitución que garantiza la ciudadanía común de los catalanes con el resto de los españoles.
Pero loqueveo es que la valiente y leal Agenjo está preocupada y se siente estafada. Tiene sus razones:
"El nacionalismo catalán dice que prepara otra consulta. ¿Cree que se celebrará?
Me gustaría pensar que no va a ser así pero me temo que acabará sucediendo; sobre todo si me atengo a los precedentes. En 2014, el Constitucional dijo que todo era ilegal y que se había prohibido y la Delegación del Gobierno así nos lo advirtió por carta... Entonces, cuando todo siguió adelante, pensé que el Gobierno central reaccionaría y actuaría para evitar la consulta, pero no.
Puede decirse que el Gobierno central la abandonó.
Desde luego yo me sentí estafada. Aposté por defender la legalidad que, dadas las circunstancias, en Cataluña es una posición de riesgo. Ahora estoy etiquetada y desde el nacionalismo se me considera como «el enemigo». ¿Por qué me pidieron que corriera ese riesgo para luego tolerar la celebración de la consulta? Me pareció una posición cínica. No prohibieron lo que ellos mismos decían que era ilegal."
Lamentablemente, lo que también es cierto es que mientras en Barcelona el Jefe de Estado y la Vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales del Gobierno de España mostraban complicidad con líderes independentistas catalanes que desafían al Estado como el Presidente de la Generalidad, el Vicepresidente y la Presidenta del Parlament, en Madrid, Dolores Agenjo, la única directora de un centro de enseñanza de Cataluña que se negó a entregar las llaves de su centro para que se celebrara la consulta ilegal del 9N, mostró de nuevo su 'soledad institucional' en el auditorio de Mutua Madrileña y en el marco del ciclo de conferencias organizadas por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad, presididas respectivamente por Iñigo Gómez-Pineda y Jaime Mayor Oreja, en la mesa redonda titulada "El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España" junto a Mariano Gomá, presidente de la Sociedad Civil Catalana; Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya; Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite; Jorge Campos, presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, y José Antonio Ortega Lara.
Me pregunto cuando fue la última vez que el Jefe de Estado se reunió en Cataluña con ciudadanos u organizaciones cívicas defensoras de la Constitución que garantiza la ciudadanía común de los catalanes con el resto de los españoles.
Pero loqueveo es que la valiente y leal Agenjo está preocupada y se siente estafada. Tiene sus razones:
"El nacionalismo catalán dice que prepara otra consulta. ¿Cree que se celebrará?
Me gustaría pensar que no va a ser así pero me temo que acabará sucediendo; sobre todo si me atengo a los precedentes. En 2014, el Constitucional dijo que todo era ilegal y que se había prohibido y la Delegación del Gobierno así nos lo advirtió por carta... Entonces, cuando todo siguió adelante, pensé que el Gobierno central reaccionaría y actuaría para evitar la consulta, pero no.
Puede decirse que el Gobierno central la abandonó.
Desde luego yo me sentí estafada. Aposté por defender la legalidad que, dadas las circunstancias, en Cataluña es una posición de riesgo. Ahora estoy etiquetada y desde el nacionalismo se me considera como «el enemigo». ¿Por qué me pidieron que corriera ese riesgo para luego tolerar la celebración de la consulta? Me pareció una posición cínica. No prohibieron lo que ellos mismos decían que era ilegal."
En España se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética y es natural que cualquier ciudadano decente y con coraje cívico reaccione.
Porque además vivimos en un Estado de Derecho en el que no todas las actuaciones censurables son juzgadas y sancionadas con arreglo a la Ley.
Así es. El año que viene nuestro país cumplirá 40 años de democracia pero resulta triste y desalentador comprobar, una y otra vez, que la Justicia NO es igual para todos. Porque si eres de los que roban con guante blanco, de los que se saltan las leyes, de los que desafían al Estado de Derecho y hasta de los que no condenan el asesinato de más de 850 personas para conseguir objetivos políticos, tienes muchas posibilidades de lograr impunidad.
El tiempo de las palabras ha pasado. El de los hechos ha llegado.
Soy un ciudadano libre que quiere seguir siéndolo. Un padre que hace lo que está en su mano para que sus hijas también puedan serlo. Pero loqueveo en mi país es a un Jefe de Estado en el que sus hechos no son coherentes con las palabras de su discurso de proclamación acerca de su "permanente fidelidad a la Constitución" y su "irrenunciable compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática" como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado". Y en el que afirmó asumir su "más alta representación, su lealtad y disposición a defender siempre los intereses generales" con la "convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España."
En efecto, las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada. Y nada es lo que valen esas palabras del Jefe de Estado desde el instante en el que comenzó su paseo en coche con un Mas que sólo un mes antes había recibido una querella del Fiscal General del Estado por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Entenderán, por tanto, que cuando en su primer discurso de navidad como Rey de España, como símbolo constitucional de la unidad y permanencia del Estado, le escuché hablar de "construir todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad", como si lo amenazado fuera la pluralidad del Estado (tan de moda últimamente en todos los partidos parlamentarios) y no la unidad que garantiza la libertad, la igualdad y la justicia a los ciudadanos, entenderán entonces que no me generara ilusión y confianza en el futuro sino preocupación.
Y entenderán que me preocupe la falta de voluntad del Jefe de Estado para colaborar con personas y organizaciones cívicas que defienden la Constitución. Especialmente cuando esa falta de voluntad contrasta con una renovada voluntad de colaboración, tras la solicitud de Mas de "una propuesta del Estado para acomodar a Cataluña en España", con instituciones como la Generalidad de Cataluña que desafían abiertamente a la Constitución.
Porque además vivimos en un Estado de Derecho en el que no todas las actuaciones censurables son juzgadas y sancionadas con arreglo a la Ley.
Así es. El año que viene nuestro país cumplirá 40 años de democracia pero resulta triste y desalentador comprobar, una y otra vez, que la Justicia NO es igual para todos. Porque si eres de los que roban con guante blanco, de los que se saltan las leyes, de los que desafían al Estado de Derecho y hasta de los que no condenan el asesinato de más de 850 personas para conseguir objetivos políticos, tienes muchas posibilidades de lograr impunidad.
El tiempo de las palabras ha pasado. El de los hechos ha llegado.
Soy un ciudadano libre que quiere seguir siéndolo. Un padre que hace lo que está en su mano para que sus hijas también puedan serlo. Pero loqueveo en mi país es a un Jefe de Estado en el que sus hechos no son coherentes con las palabras de su discurso de proclamación acerca de su "permanente fidelidad a la Constitución" y su "irrenunciable compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática" como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado". Y en el que afirmó asumir su "más alta representación, su lealtad y disposición a defender siempre los intereses generales" con la "convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España."
En efecto, las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada. Y nada es lo que valen esas palabras del Jefe de Estado desde el instante en el que comenzó su paseo en coche con un Mas que sólo un mes antes había recibido una querella del Fiscal General del Estado por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Entenderán, por tanto, que cuando en su primer discurso de navidad como Rey de España, como símbolo constitucional de la unidad y permanencia del Estado, le escuché hablar de "construir todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad", como si lo amenazado fuera la pluralidad del Estado (tan de moda últimamente en todos los partidos parlamentarios) y no la unidad que garantiza la libertad, la igualdad y la justicia a los ciudadanos, entenderán entonces que no me generara ilusión y confianza en el futuro sino preocupación.
Y entenderán que me preocupe la falta de voluntad del Jefe de Estado para colaborar con personas y organizaciones cívicas que defienden la Constitución. Especialmente cuando esa falta de voluntad contrasta con una renovada voluntad de colaboración, tras la solicitud de Mas de "una propuesta del Estado para acomodar a Cataluña en España", con instituciones como la Generalidad de Cataluña que desafían abiertamente a la Constitución.
Y, por su puesto, entenderán que me preocupe sobremanera la falta de compromiso del Rey contra la corrupción ya que se trata de un compromiso fundamental para defender los intereses generales de España.
Así que, por todo lo anterior, entenderán que reaccione con decencia y coraje cívico manifestando mi convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria ha dejado de ser útil a España.
Necesitamos un Jefe de Estado ejemplar.
