Se lo debemos a Fer

El nacionalismo asesinó a su padre y le quitó mucho más. Tanto que anteayer, Fernando Altuna Urcelay, 47 años, un hijo de 13 al que adoraba y una mujer que le amaba, vencido, derrotado y humillado, no pudo seguir. 

No sé por qué. No quiero saberlo. Lo que sé, lo único que hoy me importa, es que quienes le hicieron sentir así son los asesinos nacionalistas, los que no condenan sus asesinatos con objetivos políticos y los que permiten que se desvirtue la verdad de las víctimas, que se pierda su memoria, que les salga tan cara la dignidad y, sobre todo, que no les alcance la justicia, como les ocurre a los más de 300 asesinatos sin resolver, entre ellos el de Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, el padre de Fer.

No le conocí personalmente pero he tenido el honor y la suerte de mantener con él una especial interacción a través de Twitter. De esta forma he sido testigo de su compromiso con la verdad, con la memoria, con la dignidad y con la justicia para las víctimas del terrorismo, especialmente con las víctimas de la organización terrorista y nacionalista vasca. 

 

Porque es ese compromiso, pese al inevitable sentimiento de derrota, lo que ha impulsado su actividad en Covite, sus tuits y artículos como los siguientes de los que destaco algunos fragmentos a continuación. 

"La MEMORIA de la que tanto se habla no te podrá devolver la vida, pero podrá devolverte la DIGNIDAD, siempre que el Conjunto del Estado de Derecho y sus instituciones se atrevan a ir en busca de la VERDAD en mayúsculas, que no es otra cosa que la JUSTICIA.

La memoria por tanto de Basilio Altuna Fernández de Arroyabe y de todos los asesinados debe ser una parte del grito a favor de la verdad, de la ley, y por tanto de la justicia, una llamada a defender la libertad de todos en el futuro y a liberar así a toda la sociedad vasca y española de su pasado, y este será el único y auténtico triunfo del estado de derecho y de todos los vascos y españoles."

De "Las heridas siguen abiertas", carta de Fernando Altuna Urcelay a su padre publicada en la web de Covite el 7 de septiembre de 2015.









"No por inesperada, no por anormal, durante este mes he vuelto a sentir la bofetada de la realidad, de los 'nuevos tiempos' le llaman. En este mes de septiembre he visto exactamente lo que deseaba que fuese noticia. Por fin he visto reflejado en el papel lo que algunas víctimas del terrorismo venimos denunciando desde hace años. Y no por ello he sentido satisfacción. (...)

Miro a los lados perplejo de que a nadie sorprenda lo anormal de la normalidad que supone que el secuestrador del empresario Revilla reciba la makila de mando de su pueblo con emotivo aurresku de nesca quinceañera. 

Veo, con dolor y rabia -sí, escribo bien: dolor y rabia- que un grupo de adolescentes de Hernani tengan por modelo a seguir a los asesinos de Ana Velasco Vidal Abarca y  Antonio Recio Lanza.

Llegan nuevas noticias de otro acto en loor de tres asesinos en una ikastola de Azpeitia... Sigue siendo, todo, nauseabundamente normal." 

De "El triunfo de la normalidad" El Correo, 20 de octubre de 2016.

"El pasado sábado una hermana, una viuda alsasuarra de un guardia civil y dos huérfanos víctimas de ETA pertrechados con cuatro carteles acudimos a Alsasua para plantar cara a quienes defendían a los agresores y para apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado frente a la chavalería revolucionaria. Nuestra «provocación» era intentar, en la medida de nuestros escasos medios, que no se repita aquel relato olvidado de un casero borracho que asesinó a dos jóvenes policías. No era nuestro deber estar allí, sino que es nuestro derecho defender a los que nos defendían y a los que nos defienden.

Por todo esto, el sábado pasado Consuelo, Conchi, Íñigo y yo estábamos en Alsasua, para que la historia no se repita."

De "Pero ¿a qué vais a Alsasua? El Correo, 30 de octubre de 2016.









"«La organización armada ETA político-militar ha hecho público hoy un comunicado en el que explica que ha sido puesto en libertad el director de la factoría de Michelin de Vitoria, Luis Abaitua Palacios, al ser alcanzados los objetivos de la organización. Los objetivos conseguidos son por un lado, el inicio de las negociaciones entre la empresa Michelin y el comité de los trabajadores, y por otro lado, la recuperación de informaciones extraídas mediante interrogatorio necesarias para la planificación de futuras acciones» (El Diario Vasco, 2 de marzo de 1979)

Este es el extracto literal de la información sobre el secuestro y tortura del señor Abaitua, ese hombre del que su secuestrador condenado por la Justicia, Arnaldo Otegi Mondragón, ha olvidado su nombre, como bien demostró en la entrevista concedida a Jordi Évole tras su salida de prisión, donde cumplía condena por pertenencia a organización terrorista. (...)

«¿Cuándo me has escuchado decir a mí que matar estuvo bien? Yo ni siquiera se lo he escuchado decir a ETA» (A. Otegi, 11 de febrero de 2017). 

Una vez más Otegi miente. Cuando ETA secuestraba, amenazaba, extorionaba, hería o asesinaba, lo hacía dentro de un plan estratégico organizado por el conjunto de la izquierda abertzale, antes KAS, para lograr una serie de objetivos perfectamente planificados. Hoy, por una mera cuestión estratégica, ETA ya no mata, pero los objetivos siguen intactos. (...)

Entretanto, tenemos que soportar que haya criminales dándonos lecciones de ética en las que dejan fuera a sus víctimas. ¿Dónde estamos los miles de desterrados de nuestra tierra? ¿Dónde aparecen los extorsionados, los amenazados? ¿Dónde aparecen los muertos, los heridos? ¿Dónde aparecemos los azotados física y psicológicamente por sus acciones contra objetivos estratégicos, perfectamente organizadas y planificadas?

En la próxima final de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Deportivo Alavés no habrá pancartas para que los desterrados podamos volver a casa. El Gobierno Vasco seguirá olvidando a las víctimas del terrorismo que no estamos empadronadas en la CAV. El anteproyecto del entorno del 'todo' seguirá enalteciendo a los asesinos con el silencio cómplice del resto. En las ikastolas y facultades vascas se volverán a ver escenas de homenajes a criminales. En cada barrio y pueblo de 'Euskal Herria' se pedirá la vuelta de pistoleros.

Mientras todo eso ocurre a algunos solo nos queda la opción de acudir a especialistas a los que contarles, como en mi caso, que mi padre fue asesinado, que su asesino nunca fue juzgado, que hay quien me dice que pase página y cierre heridas, que olvide. ¿Qué me prescribe, doctor?"

De "Matar estuvo bien" publicado ayer en El Diario Vasco.









Hoy acaba el destierro de Fernando Altuna Urcelay de la manera más triste pero, a la vez, más digna. Eligió ser políticamente incorrecto y tuvo que irse de su tierra. Y es que allí se mira hacia otro lado, cuando no se reacciona violentamente, ante realidades incómodas como las víctimas del nacionalismo. Por eso hoy vuelve a Euskadi con la máxima dignidad. Porque, parafraseando a Shakespeare, en un mundo de cobardes que mueren muchas veces, él ha sido un valiente. 

Ahora Covite tiene una razón más para seguir trabajando. Los españoles libres y decentes, también. Se lo debemos a Fer.

Soy un español libre

El día 6 de diciembre de 1978 el pueblo español decidió dejar atrás el régimen del general Franco y pasar a regirse por la Constitución que instauró la España democrática, un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", según establece el artículo 1.1. Y lo decidió mediante un referéndum en el que el 87,78 % de los españoles, que representaban el 58,97 % del censo electoral, respondieron afirmativamente a la pregunta «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?». 


El artículo 2 de la Constitución que los españoles aprobamos establece como parte de la organización territorial del Estado a las nacionalidades y regiones (Comunidades autónomas, en adelante CCAA) de la forma siguiente:

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."


Así mismo, el artículo 3 de la Constitución establece que los españoles tenemos derecho a usar el castellano (también denominado 'español' dentro y fuera de España) y las demás lenguas españolas de la forma siguiente:

"1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección."


El artículo 14 de la Constitución también establece que:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."


Y, finalmente, el artículo 139.1 de la Constitución reconoce que:

"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado."









Sin embargo, la realidad de la España democrática actual es que el incumplimiento de los artículos de la Constitución señalados anteriormente permite la conculcación de derechos de los españoles castellanohablantes que residen en CCAA bilingües. 

En efecto, la cesión de las competencias lingüísticas y de la educación a las CCAA bilingües, especialmente a Cataluña, junto con la pasividad, cuando no la colaboración, de los Gobiernos de España, ha permitido a los Gobiernos de la Generalidad establecer políticas de inmersión lingüística en las que el catalán es el idioma exclusivo a utilizar por los ciudadanos en la educación o en sus relaciones con la administración pública, todo ello pese a que la mitad de los catalanes son castellanohablantes.

La inmersión lingüística se extiende también a los medios de comunicación públicos y privados de Cataluña a través de subvenciones por utilización del catalán, así como a los comercios mediante multas por no rotular o etiquetar en catalán.

Una situación similar, aunque todavía no tan desarrollada, se da en Euskadi y en otras CCAA como Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia e incluso Aragón.

Cabe señalar que la imposición lingüística en las CCAA bilingües está llevándose a cabo sin apenas oposición después de las elecciones generales de diciembre en las que no obtuvieron representación en el Congreso de los diputados ni UPYD ni Vox, los dos únicos partidos nacionales que están a favor de la libertad de elección de lengua y de la devolución al Estado de las competencias de Educación.








Los políticos en la Transición trabajaron respetando la voluntad del pueblo español de que todos los ciudadanos, iguales ante la ley, tuviéramos reconocido nuestro derecho a usar otras lenguas en las CCAA bilingües existentes en España y, a tal fin, crearon las condiciones de progreso político y social que culminaron en la Constitución.  

Pero con las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como con las de Mariano Rajoy Brei, y su falta de palabra y perjurio, están desapareciendo condiciones que garantizan la igualdad de los españoles ante la ley y, en concreto, las que aseguran el ejercicio del derecho a usar el castellano en las CCAA bilingües.

Por tanto, en la España democrática actual existe un retroceso político y social que amenaza la libertad, la justicia, la igualdad y hasta el pluralismo político, valores superiores contemplados en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. 

Los pueblos libres deciden su futuro por ellos mismos. El pueblo español decidió el suyo en 1978 con 'el viento del progreso' a favor. Pero ahora que caminamos 'contra el viento del retroceso' quieren que volvamos a decidir.

En efecto, lamentablemente en las cinco últimas elecciones generales los españoles hemos elegido unos políticos que no cumplen sus promesas. Unos políticos, y esto es lo más grave, que negociaron objetivos políticos nacionalistas con asesinos y que siguen negociando esos mismos objetivos con políticos nacionalistas que desafían la Constitución.  

Hemos elegido a unos políticos, en definitiva, que nos hablan de igualdad entre españoles y de no contentar a los nacionalistas, pero nos ocultan que para 'acomodar a Cataluña en España', como quieren algunos, pretenden aprobar una reforma de la Constitución que incluyera en parte objetivos políticos de los nacionalistas tales como blindar las competencias lingüísticas y de Educación de las CCAA. Sí, objetivos políticos de los nacionalistas. De los golpistas y de los asesinos. 

Intentan doblegar nuestra voluntad con engaños ante esa consulta ilegal para vendernos la reforma de la Constitución porque saben que el 65% de los españoles no queremos que aumente el poder de las CCAA. 

No voy a callarme ni a quedarme quieto esperando un nuevo engaño, otra manipulación, la próxima promesa incumplida. Y menos aún con nuestra ley de leyes. Voy a saber y a ganar. Y voy a seguir siendo 'políticamente incorrecto' exigiendo respeto a la voluntad de la mayoría de los españoles: Queremos menos poder para las CCAA. No habrá reforma constitucional si es en contra de nuestra voluntad.

Porque sabemos que sólo así se podrán crear las condiciones de progreso necesarias para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley. Sólo así dejarán de estar amenazadadas en España la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sólo así ganaremos. 

Seguiré ejerciendo mi derecho a decidir el futuro de mi país. Porque soy un español libre.

¿Por qué los buenos votan al que está al lado de los abogados de los malos?

La tarde del 24 de julio de 2001, en plena temporada de verano, una explosión en el interior del segundo piso de un complejo de apartamentos en La Mata, una pedanía de Torrevieja, acabó con la vida de la terrorista de ETA Olaia Castresana, de 20 años, mientras manipulaba una bomba de entre dos y tres kilos de dinamita Titadyne. Siete personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas leves en la deflagración, que reventó las paredes del apartamento y lanzó al exterior el cuerpo de Castresana, destrozado de cintura para arriba. 






Cinco días después se celebró el entierro de Castresana en el cementerio de Polloe en San Sebastián y, según se indica como hechos probados en la sentencia del juicio a Arnaldo Otegi por delito de enaltecimiento del terrorismo, el por entonces dirigente de la ilegalizada Batasuna, "con perfecto conocimiento de la pertenencia a ETA de la fallecida y del motivo de la muerte", se dirigió a un gran número de simpatizantes de la Izquierda Abertzale con estas palabras:

 
"Nuestro aplauso más caluroso a todos los gudaris que han caído en esa larga lucha por la autodeterminación."

"Se nos ha ido a sus 22 años como tanto gudari de ETA, con la dignidad silenciosa y la muerte solidaria."

"Es la generación nacida en el estatuto la que se adhiere a la lucha armada para expresar su compromiso político."

"Después de 22 años de Estatuto hay jóvenes, como en este caso Olaia, que nacieron con el Estatuto, que entienden su compromiso político a través de la lucha armada y, eso, para nosotros es un dato; es poner los pies en el suelo, es la cruda realidad de este país. Por eso hoy es motivo, en primer lugar, para el reconocimiento, como lo han reconocido cientos de personas, miles de personas porque, en definitiva, la muerte de una persona de 22 años, como todas las muertes, lo que tienen que hacer es poner encima de la mesa una reflexión profunda."

"Apostar por el Estatuto no hace sino prolongar el conflicto y Olaia Kastresana es una prueba."

"Ya todo el mundo es consciente de que el derecho a la libre determinación tiene que ser el derecho fundamental que reconozca y dé paso a un cambio político en este país y eso es la contribución que han hecho muchos militantes de esta organización, pero, en todo caso, el conjunto de la izquierda abertzale y, eso es algo para nosotros, eso es un dato objetivo y no es exaltación, ni apología de nada."

El día 21 de marzo de 2007 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio. Pese a que el tribunal afirmó en la resolución que existían pruebas suficientes para una condena del acusado ("Existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada"), Otegi fue absuelto ya que la retirada de la acusación por el fiscal, única parte acusadora, impidió al tribunal dictar cualquier otro tipo de resolución que no fuera la absolución del acusado. 

Ese mismo día 21, Mariano Rajoy, entonces líder del PP en la oposición al gobierno de Zapatero, manifestó que Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado designado a propuesta de Zapatero, "está siempre al lado de los abogados de los malos". 

Unas semanas después, la Fiscalía General del Estado emitió una nota relativa al juicio de Otegi en la que señala lo siguiente:

"Ante la polémica suscitada tras el juicio celebrado este mes contra Arnaldo Otegui en la Audiencia Nacional, la FGE ha emitido un comunicado informando de las siguientes circunstancias concurrentes en este juicio.

El Fiscal encargado del caso expuso de forma pública ante el Tribunal los criterios jurídicos que sustentaban su posición y con argumentos técnicos explicó detalladamente, tras la práctica de laspruebas, que las palabras pronunciadas por Otegui no eran expresiones de elogio de actos concretos terroristas, específicamente castigados por la ley.

El Fiscal consideró que el discurso de Otegui era irritante, deleznable y reprobable para la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero que no merecía un reproche penal, porque las expresiones que pronunció carecían de tipicidad al no ensalzar, elogiar o alabar acciones específicas de terrorismo o de sus partícipes." (...)













Sin embargo, casi diez años después, el PP que preside Rajoy vota a Cándido Conde Pumpido como magistrado del Tribunal Constitucional, también a propuesta de Zapatero.

Necesitamos un Jefe de Estado ejemplar (2ª parte)

Necesitamos un Jefe de Estado ejemplar. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, el anterior Jefe de Estado, también lo señaló, implícitamente, en su mensaje de navidad de 2011, cinco días antes de la imputación de su yerno Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, cuando dijo:

"Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. (...)

Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos."

Dos años más tarde, en abril de 2013, su hija Cristina también fue imputada por el juez del caso Nóos. En el auto se establece lo siguiente:

"Si bien no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos sí que existen suficientes de que prestaba su consentimiento a que su parentesco con S.M. El Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres Pérez (...) a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos."








Sorprendentemente, en entrevista mantenida en Antena 3 TV nueve meses después, en enero de 2014, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de España, declaró estar "absolutamente convencido de que a la Infanta 'las cosas' le irán bien".  

En relación a esas declaraciones de Rajoy, cabe destacar que pese a que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social, el fiscal del caso Nóos realizó una defensa a ultranza de la Infanta según reconoció su propio abogado. 

Hay que recordar, al hilo de lo anterior, que el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Y no hay que olvidar que el Fiscal General del Estado, que ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal, es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

Pues bien, un mes después de esas sorprendentes declaraciones de Rajoy, en febrero de 2014, durante la instrucción del caso, Cristina de Borbón, que estudió Ciencias Políticas, con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, prácticas en la sede de la UNESCO en París, y que dirigió el área social de la Fundación La Caixa, respondió 579 veces "No me acuerdo", "No lo sé" o "No me consta" y mantuvo con el juez la conversación siguiente:

 
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos jurídicos?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos tributarios?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Sabe usted lo que es el programa PADRE?
- Cristina: Me suena, pero no.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos económicos?
- Cristina: No, muy básicos, pero no.

Cuatro meses más tarde, en junio de 2014, se produjo la abdicación de Juan Carlos de Borbón y la proclamación como Jefe del Estado de su hijo Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Del discurso de proclamación en el Congreso de los diputados ante los representantes de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, cabe destacar lo siguiente:

"A lo largo de mi vida como Príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente, como irrenunciable ha sido -y es- mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos ellos les debo mucho y se lo agradezco ahora y siempre. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la Reina y yo educamos a nuestras hijas, la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía.

Señoras y Señores Diputados y Senadores,

Hoy puedo afirmar ante estas Cámaras -y lo celebro- que comienza el reinado de un Rey constitucional.

Un Rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de 35 años.

Un Rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Un Rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación -a quien corresponde la dirección de la política nacional- y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial.

No tengan dudas, Señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar; y de que, en el desempeño de mis responsabilidades, encontrarán en mí a un Jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar; y también a defender siempre los intereses generales.

Y permítanme añadir, que a la celebración de este acto de tanta trascendencia histórica, pero también de normalidad constitucional, se une mi convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España."

Cinco meses después de la proclamación de Felipe de Borbón como Jefe del Estado, en noviembre de 2014, se celebró la consulta independentista del 9N pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, el cual suspendió las actuaciones previstas así como los actos de preparación (cartas a los alcaldes reclamando locales, web de la Generalitat, campaña institucional). 

Como dicha consulta ilegal se llevó a cabo siendo Artur Mas el presidente de la Generalidad de Cataluña la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra él por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. 

A pesar de todo, al mes siguiente, en diciembre de 2014, el Jefe del Estado se encontró con Mas en la fábrica de Seat en Martorell, encuentro al que corresponde la fotografía  anterior.

19 días después del reencuentro en Martorell, el 24 de diciembre de 2014, los españoles asistieron al primer discurso de Navidad de Felipe de Borbón como Jefe del Estado. Fue un discurso histórico también por la lejanía de la bandera de España y porque no mencionó ni las víctimas del terrorismo ni el 9N. Por esas omisiones adquieren mayor significado aún estas palabras:

"Los desencuentros no se resuelven con rupturas emocionales o sentimentales. Hagamos todos un esfuerzo leal y sincero, y reencontrémonos en lo que nunca deberíamos perder: los afectos mutuos y los sentimientos que compartimos. Respetemos la Constitución que es la garantía de una convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad. Y sigamos construyendo todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad y genere ilusión y confianza en el futuro."


Además, el discurso fue histórico porque se emitió tres días después de hacerse pública la imputación de su hermana Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales y porque un mes antes fue exculpada de delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales al no ser acusada por la Fiscalía ni por la Agencia Tributaria.

Como Felipe de Borbón conoció la noticia de la imputación de su hermana antes de grabar su discurso navideño, se puede decir que la credibilidad del mensaje contra la corrupción que incluyó en el mismo es directamente proporcional al compromiso del comentario más explícito que realizó sobre dicha imputación. O sea, este:

“Es cierto que los responsables de esas conductas irregulares están respondiendo de ellas; eso es una prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho”.


A pesar de ello, si nos guiamos por las portadas de prensa y las reacciones políticas resultó ser un discurso muy considerado por casi todos.

Pero la verdadera prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho llegó el pasado día 17 de febrero de 2017, más de dos años después de la proclamación de Felipe de Borbón como Jefe de Estado, cuando se dio a conocer la sentencia del caso Nóos que establece que su hermana Cristina no cometió ningún delito, aunque se benefició económicamente de los de su marido que es condenado a seis años y tres meses de cárcel.

Forcadell, Puigdemont, Felipe de Borbón, Sáez de Santamaría y Junqueras

Se da la coincidencia de que ese mismo día 17 Artur Mas, en una conferencia titulada Cataluña en la Unión Europea del siglo XXI, pronunciada ante estudiantes del máster Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, manifestó que el Estado ("No digo el Gobierno, sino el Estado") puede hacer "una propuesta para acomodar a Cataluña en España". 

Dicha conferencia se celebró siete días después de que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalidad de Cataluña, convocara una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat una vez finalizado el juicio del 9N en la que afirmó, por supuesto, con el respaldo de Mas, lo siguiente:

"Es momento de dialogar a través de la política y no de fiscales y tribunales."

Y para finalizar esta cronología de hechos, cabe destacar que el pasado domingo 26 de febrero de 2017, nueve días después de que Mas hablara en Madrid, en castellano, de "una propuesta del Estado para acomodar Cataluña en España", en Barcelona, durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC), las únicas palabras pronunciadas en catalán por Felipe de Borbón en el discurso de la cena oficial del MWC fueron las siguientes:

"Aquesta nova edició del Congrés −i també del fòrum "For Years From Now"− són fruit d'una intensa tasca de cooperació i coordinació entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i la GSMA.

La col·laboració en aquest àmbit, que és un veritable exponent de la revolució que vivim, constitueix una exigència ineludible.

Igualment, aquesta col·laboració lleial i generosa és la que millor facilita i impulsa el creixement econòmic, un major coneixement i interconnexió entre les persones, i el progrés i el benestar general de la societat. Per últim, el recolzament de tots fa possible que aquesta cita de referència mundial aporti prestigi, reputació i reconeixement a Barcelona, Catalunya i al conjunt d'Espanya."

Desconozco hasta qué punto Felipe de Borbón habrá dado respuesta, durante esta última visita a Cataluña, a la velada solicitud de Mas de "una propuesta del Estado para acomodar a Cataluña en España". Pero lo cierto es que, al día siguiente de la cena inaugural del MWC Puigdemont instó al Gobierno de España a tomar nota del mensaje del Jefe de Estado. 

Lamentablemente, lo que también es cierto es que mientras en Barcelona el Jefe de Estado y la Vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales del Gobierno de España mostraban complicidad con líderes independentistas catalanes que desafían al Estado como el Presidente de la Generalidad, el Vicepresidente y la Presidenta del Parlament, en Madrid, Dolores Agenjo, la única directora de un centro de enseñanza de Cataluña que se negó a entregar las llaves de su centro para que se celebrara la consulta ilegal del 9N, mostró de nuevo su 'soledad institucional' en el auditorio de Mutua Madrileña y en el marco del ciclo de conferencias organizadas por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad, presididas respectivamente por Iñigo Gómez-Pineda y Jaime Mayor Oreja, en la mesa redonda titulada "El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España" junto a Mariano Gomá, presidente de la Sociedad Civil Catalana; Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya; Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite; Jorge Campos, presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, y José Antonio Ortega Lara.

Me pregunto cuando fue la última vez que el Jefe de Estado se reunió en Cataluña con ciudadanos u organizaciones cívicas defensoras de la Constitución que garantiza la ciudadanía común de los catalanes con el resto de los españoles.  

Pero loqueveo es que la valiente y leal Agenjo está preocupada y se siente estafada. Tiene sus razones:

"El nacionalismo catalán dice que prepara otra consulta. ¿Cree que se celebrará?

Me gustaría pensar que no va a ser así pero me temo que acabará sucediendo; sobre todo si me atengo a los precedentes. En 2014, el Constitucional dijo que todo era ilegal y que se había prohibido y la Delegación del Gobierno así nos lo advirtió por carta... Entonces, cuando todo siguió adelante, pensé que el Gobierno central reaccionaría y actuaría para evitar la consulta, pero no. 

Puede decirse que el Gobierno central la abandonó.

Desde luego yo me sentí estafada. Aposté por defender la legalidad que, dadas las circunstancias, en Cataluña es una posición de riesgo. Ahora estoy etiquetada y desde el nacionalismo se me considera como «el enemigo». ¿Por qué me pidieron que corriera ese riesgo para luego tolerar la celebración de la consulta? Me pareció una posición cínica. No prohibieron lo que ellos mismos decían que era ilegal."

En España se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética y es natural que cualquier ciudadano decente y con coraje cívico reaccione.

Porque además vivimos en un Estado de Derecho en el que no todas las actuaciones censurables son juzgadas y sancionadas con arreglo a la Ley. 

Así es. El año que viene nuestro país cumplirá 40 años de democracia pero resulta triste y desalentador comprobar, una y otra vez, que la Justicia NO es igual para todos. Porque si eres de los que roban con guante blanco, de los que se saltan las leyes, de los que desafían al Estado de Derecho y hasta de los que no condenan el asesinato de más de 850 personas para conseguir objetivos políticos, tienes muchas posibilidades de lograr impunidad.










El tiempo de las palabras ha pasado. El de los hechos ha llegado. 

Soy un ciudadano libre que quiere seguir siéndolo. Un padre que hace lo que está en su mano para que sus hijas también puedan serlo. Pero loqueveo en mi país es a un Jefe de Estado en el que sus hechos no son coherentes con las palabras de su discurso de proclamación acerca de su "permanente fidelidad a la Constitución" y su "irrenunciable compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática" como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado". Y en el que afirmó asumir su "más alta representación, su lealtad y disposición a defender siempre los intereses generales" con la "convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España."

En efecto, las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada. Y nada es lo que valen esas palabras del Jefe de Estado desde el instante en el que comenzó su paseo en coche con un Mas que sólo un mes antes había recibido una querella del Fiscal General del Estado por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Entenderán, por tanto, que cuando en su primer discurso de navidad como Rey de España, como símbolo constitucional de la unidad y permanencia del Estado, le escuché hablar de "construir todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad", como si lo amenazado fuera la pluralidad del Estado (tan de moda últimamente en todos los partidos parlamentarios) y no la unidad que garantiza la libertad, la igualdad y la justicia a los ciudadanos, entenderán entonces que no me generara ilusión y confianza en el futuro sino preocupación.

Y entenderán que me preocupe la falta de voluntad del Jefe de Estado para colaborar con personas y organizaciones cívicas que defienden la Constitución. Especialmente cuando esa falta de voluntad contrasta con una renovada voluntad de colaboración, tras la solicitud de Mas de "una propuesta del Estado para acomodar a Cataluña en España", con instituciones como la Generalidad de Cataluña que desafían abiertamente a la Constitución.

Y, por su puesto, entenderán que me preocupe sobremanera la falta de compromiso del Rey contra la corrupción ya que se trata de un compromiso fundamental para defender los intereses generales de España.


Así que, por todo lo anterior, entenderán que reaccione con decencia y coraje cívico manifestando mi convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria ha dejado de ser útil a España.


Necesitamos un Jefe de Estado ejemplar.