04/08/2002 ETA, la organización terrorista y nacionalista vasca, hace estallar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) asesinando a Cecilio Gallego Alaminos, un ciudadano jubilado y padre de cuatro hijos que esperaba el autobús, y a Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años hija del guardia civil José Joaquín Martínez y de Toñi Santiago.
Al día siguiente, Otegi, el entonces líder de Batasuna, dio una rueda de prensa en la cual evitó condenar el asesinato que calificó como "consecuencia dolorosa de la falta de solución del conflicto político que se vive en Euskal Herria", imputó a Aznar, el presidente del gobierno de España, la responsabilidad del alargamiento del "conflicto" por mantener "una política que no conduce a ninguna parte" y le acusó de "ser responsable en primera persona de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que pueda ocurrir en el futuro".
Nueve días después, en un comunicado publicado en Gara, el diario más utilizado por los terroristas, ETA asumió el asesinato, proclamó su liderazgo sobre la Izquierda abertzale (Batasuna, HB, EH ... Bildu) y amenazó a los partidos políticos que impulsaran la aplicación de la ley de partidos con "tomar medidas".
Trece días después de la amenaza de ETA, el PP y el PSOE aprobaron una propuesta por la que se instaba al gobierno de España a solicitar la ilegalización de HB-EH-Batasuna de acuerdo con la ley de partidos. Un gobierno presidido por Aznar en el que Rajoy era vicepresidente primero y ministro del Interior. Una propuesta defendida por Luis de Grandes, el portavoz del PP en el Congreso de los diputados. Una defensa iniciada así:
"Señora presidenta, señorías, la iniciativa que conjuntamente presentamos hoy los grupos parlamentarios Popular y Socialista responde a un imperativo democrático que a todos sin excepción nos obliga como representantes de la soberanía nacional, un imperativo afecto a la irrenunciable obligación de hacer uso de los mecanismos legítimos del Estado de derecho para actuar en defensa de la democracia frente a aquellos que por dar cobertura a las acciones criminales de ETA se autositúan al margen de lo que significa el respeto a los más elementales derechos humanos y a la convivencia en paz."
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| 13/07/2011 |
Unos años después Zapatero negoció con ETA su legalización bajo el nombre de Bildu y el día 22 de febrero de 2012, transcurridos nueve meses del cumplimiento de ese acuerdo, el tercer mes de Rajoy en la presidencia del Gobierno de España, PP y PSOE votaron en contra de la moción de UPyD para ilegalizar Bildu y Amaiur.
Así fue, la moción defendida por Rosa Díez no sólo fue duramente criticada y rechazada por el partido de Feijóo, sino que además, de manera totalmente innecesaria (los 'populares' tenían mayoría absoluta en el Congreso de los diputados), el PP firmó con el PSOE, PNV y CiU un 'pacto de Estado' para gestionar "el fin de ETA" (entrecomillado por Gara) que en el punto 1 dice que:
"El anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA (...) la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA."
📺 TV en DIRECTO | Sánchez, sobre pactar con Bildu: "Mal que le pese a algunos, los 198 escaños que dijeron sí a la tramitación de los Presupuestos representan a la España democrática. Las siglas que importan son PGE: Presupuestos Generales del Estado" https://t.co/hFWdufyY9M pic.twitter.com/wUErk25gkv
— EL PAÍS (@el_pais) November 22, 2020
Así que 20 años después del asesinato de Silvia, España está gobernada por alguien que pacta leyes con el partido liderado por Otegi mientras el líder del partido más votado de la oposición califica a Bildu como partido independentista y descarta su ilegalización.
El próximo jueves 4 estaré en Santa Pola acompañando a Toñi Santiago.
ETA FUERA DE LAS INSTITUCIONES.
VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA.
