El día 6 de diciembre de 1978 el pueblo español decidió dejar atrás el régimen del general Franco y pasar a regirse por la Constitución que instauró la España democrática, un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político", según establece el artículo 1.1. Y lo decidió mediante un referéndum en el que el 87,78 % de los españoles, que representaban el
58,97 % del censo electoral, respondieron afirmativamente a la pregunta «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?».
El artículo 2 de la Constitución que los españoles aprobamos establece como parte de la organización territorial del Estado a las nacionalidades y regiones (Comunidades autónomas, en adelante CCAA) de la forma siguiente:
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."
Así mismo, el artículo 3 de la Constitución establece que los españoles tenemos derecho a usar el castellano (también denominado 'español' dentro y fuera de España) y las demás lenguas españolas de la forma siguiente:
"1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección."
El artículo 14 de la Constitución también establece que:
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
Y, finalmente, el artículo 139.1 de la Constitución reconoce que:
"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado."
Sin embargo, la realidad de la España democrática actual es que el incumplimiento de los artículos de la Constitución señalados anteriormente permite la conculcación de derechos de los españoles castellanohablantes que residen en CCAA bilingües.
En efecto, la cesión de las competencias lingüísticas y de la educación a las CCAA bilingües, especialmente a Cataluña, junto con la pasividad, cuando no la colaboración, de los Gobiernos de España, ha permitido a los Gobiernos de la Generalidad establecer políticas de inmersión lingüística en las que el catalán es el idioma exclusivo a utilizar por los ciudadanos en la educación o en sus relaciones con la administración pública, todo ello pese a que la mitad de los catalanes son castellanohablantes.
La inmersión lingüística se extiende también a los medios de comunicación públicos y privados de Cataluña a través de subvenciones por utilización del catalán, así como a los comercios mediante multas por no rotular o etiquetar en catalán.
Una situación similar, aunque todavía no tan desarrollada, se da en Euskadi y en otras CCAA como Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia e incluso Aragón.
Cabe señalar que la imposición lingüística en las CCAA bilingües está llevándose a cabo sin apenas oposición después de las elecciones generales de diciembre en las que no obtuvieron representación en el Congreso de los diputados ni UPYD ni Vox, los dos únicos partidos nacionales que están a favor de la libertad de elección de lengua y de la devolución al Estado de las competencias de Educación.
Los políticos en la Transición trabajaron respetando la voluntad del pueblo español de que todos los ciudadanos, iguales ante la ley, tuviéramos reconocido nuestro derecho a usar otras lenguas en las CCAA bilingües existentes en España y, a tal fin, crearon las condiciones de progreso político y social que culminaron en la Constitución.
Pero con las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como con las de Mariano Rajoy Brei, y su falta de palabra y perjurio, están desapareciendo condiciones que garantizan la igualdad de los españoles ante la ley y, en concreto, las que aseguran el ejercicio del derecho a usar el castellano en las CCAA bilingües.
Por tanto, en la España democrática actual existe un retroceso político y social que amenaza la libertad, la justicia, la igualdad y hasta el pluralismo político, valores superiores contemplados en el artículo 1.1 de nuestra Constitución.
El artículo 2 de la Constitución que los españoles aprobamos establece como parte de la organización territorial del Estado a las nacionalidades y regiones (Comunidades autónomas, en adelante CCAA) de la forma siguiente:
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."
Así mismo, el artículo 3 de la Constitución establece que los españoles tenemos derecho a usar el castellano (también denominado 'español' dentro y fuera de España) y las demás lenguas españolas de la forma siguiente:
"1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección."
El artículo 14 de la Constitución también establece que:
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
Y, finalmente, el artículo 139.1 de la Constitución reconoce que:
"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado."
Sin embargo, la realidad de la España democrática actual es que el incumplimiento de los artículos de la Constitución señalados anteriormente permite la conculcación de derechos de los españoles castellanohablantes que residen en CCAA bilingües.
En efecto, la cesión de las competencias lingüísticas y de la educación a las CCAA bilingües, especialmente a Cataluña, junto con la pasividad, cuando no la colaboración, de los Gobiernos de España, ha permitido a los Gobiernos de la Generalidad establecer políticas de inmersión lingüística en las que el catalán es el idioma exclusivo a utilizar por los ciudadanos en la educación o en sus relaciones con la administración pública, todo ello pese a que la mitad de los catalanes son castellanohablantes.
La inmersión lingüística se extiende también a los medios de comunicación públicos y privados de Cataluña a través de subvenciones por utilización del catalán, así como a los comercios mediante multas por no rotular o etiquetar en catalán.
Una situación similar, aunque todavía no tan desarrollada, se da en Euskadi y en otras CCAA como Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia e incluso Aragón.
Cabe señalar que la imposición lingüística en las CCAA bilingües está llevándose a cabo sin apenas oposición después de las elecciones generales de diciembre en las que no obtuvieron representación en el Congreso de los diputados ni UPYD ni Vox, los dos únicos partidos nacionales que están a favor de la libertad de elección de lengua y de la devolución al Estado de las competencias de Educación.
Los políticos en la Transición trabajaron respetando la voluntad del pueblo español de que todos los ciudadanos, iguales ante la ley, tuviéramos reconocido nuestro derecho a usar otras lenguas en las CCAA bilingües existentes en España y, a tal fin, crearon las condiciones de progreso político y social que culminaron en la Constitución.
Pero con las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como con las de Mariano Rajoy Brei, y su falta de palabra y perjurio, están desapareciendo condiciones que garantizan la igualdad de los españoles ante la ley y, en concreto, las que aseguran el ejercicio del derecho a usar el castellano en las CCAA bilingües.
Por tanto, en la España democrática actual existe un retroceso político y social que amenaza la libertad, la justicia, la igualdad y hasta el pluralismo político, valores superiores contemplados en el artículo 1.1 de nuestra Constitución.
Los pueblos libres deciden su futuro por ellos mismos. El pueblo español decidió el suyo en 1978 con 'el viento del progreso' a favor. Pero ahora que caminamos 'contra el viento del retroceso' quieren que volvamos a decidir.
En efecto, lamentablemente en las cinco últimas elecciones generales los españoles hemos elegido unos políticos que no cumplen sus promesas. Unos políticos, y esto es lo más grave, que negociaron objetivos políticos nacionalistas con asesinos y que siguen negociando esos mismos objetivos con políticos nacionalistas que desafían la Constitución.
Hemos elegido a unos políticos, en definitiva, que nos hablan de igualdad entre españoles y de no contentar a los nacionalistas, pero nos ocultan que para 'acomodar a Cataluña en España', como quieren algunos, pretenden aprobar una reforma de la Constitución que incluyera en parte objetivos políticos de los nacionalistas tales como blindar las competencias lingüísticas y de Educación de las CCAA. Sí, objetivos políticos de los nacionalistas. De los golpistas y de los asesinos.
Intentan doblegar nuestra voluntad con engaños ante esa consulta ilegal para vendernos la reforma de la Constitución porque saben que el 65% de los españoles no queremos que aumente el poder de las CCAA.
No voy a callarme ni a quedarme quieto esperando un nuevo engaño, otra manipulación, la próxima promesa incumplida. Y menos aún con nuestra ley de leyes. Voy a saber y a ganar. Y voy a seguir siendo 'políticamente incorrecto' exigiendo respeto a la voluntad de la mayoría de los españoles: Queremos menos poder para las CCAA. No habrá reforma constitucional si es en contra de nuestra voluntad.
Porque sabemos que sólo así se podrán crear las condiciones de progreso necesarias para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley. Sólo así dejarán de estar amenazadadas en España la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sólo así ganaremos.
Seguiré ejerciendo mi derecho a decidir el futuro de mi país. Porque soy un español libre.
