Arancha Carbayo, la ex presa de ETA que no pudo ser chupinera en 1999 porque estaba ingresada en la cárcel de Ávila acusada de intentar matar a Manuel Fraga (hechos por los que fue condenada a 45 años de prisión), protagonizó anteayer en la Semana Grande de Bilbao el homenaje a la figura emblemática de la chupinera junto con Jone Artola, la chupinera suspendida por orden judicial.
La semana pasada el juez señaló en su auto que tanto la ley estatal como la vasca de reconocimiento de las víctimas del terrorismo estipulan que las administraciones públicas "prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” (Art. 9.1)
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (Art. 9.2)
¿Y los poderes públicos que hacen?
Pues ayer el presidente del Gobierno de España, en una demostración de compromiso y de cumplimiento del deber (incluso estando de vacaciones), se fue a dar un paseo.
¿A Bilbao?
No, a Ribadumia.
